Por: Marcelo Mallea H.

L a construcción se alzaba majestuosa en calle Urmeneta (entre O’Higgins y Arturo Prat), actualmente primer y segundo Juzgado de Letras de San Bernardo.
Recordemos que durante la Guerra del Pacífico, nuestra ciudad jugó un rol muy importante en la formación del “Batallón del Departamento de La Victoria” y como zona de confinamiento o cárcel para prisioneros peruanos y bolivianos desde 1879. No obstante los militares eran libres de circular por la ciudad y se alojaban en casas de vecinos.
Posteriormente fue necesario construir un lugar para dar cumplimiento a delitos menores a cargo del Ejército y luego de Gendarmería hasta mediados de los años ’60 y después del Golpe de Estado, en los ’70 es señalado como recinto de detención y torturas. Ya en los ’80 el viejo edificio fue demolido, algunos creen que en su totalidad, pero si somos acuciosos, descubriremos que todavía se levantan sus altos muros perimetrales que colidan con el edificio consistorial municipal y un pequeño muro exterior que nos entrega una idea de cómo era su arquitectura, apreciable en calle Urmeneta.
Los terrenos donde se edificó la estructura de ladrillo y cal en 1892, con un costo total de $ 95.000 de la época, fueron cedidos al Fisco por la Municipalidad según escritura pública del 22 de enero de 1889, bajo promesa que el Estado construiría un edificio municipal, hecho que indujo a un litigio que terminó con un fallo favorable al gobierno en 1898.
En 1905 se menciona la necesidad de dotar a la cárcel de “comodidades indispensables para el buen orden, seguridad e higiene”, con un costo de $ 38.000.
Las condiciones de la cárcel eran “infrahumanas”; carentes de habitabilidad, insalubres y hacinadas, en patios de veinte metros de largo por quince de ancho, con servicios higiénicos, por lo general rebasados de excrementos, olores nauseabundos y abundancia de moscas.
El sitio contaba con una “carreta”, o galpón abierto para los “rematados” y por lo general se armaban riñas entre los internos a causa de la superpoblación.
En 1976, la Cárcel Pública de San Bernardo, a cargo de Gendarmería de Chile, ya cumplía más de 100 años y ostentaba una población de 300 personas, entre adultos hombres, mujeres y niños, existiendo gran cantidad de procesados por juicios que se estaban tramitando en San Bernardo y Puente Alto.
Las añosas murallas resistían el paso del tiempo, más la presencia de humedad y plagas de ratones; todo esto mezclado en un espectáculo deprimente y caótico.
El asunto era muy delicado, ya que los niños eran derivados por hurtos menores o abandono de hogar, y estaban obligados a cohabitar con reos avezados y rematados. Igual panorama esperaba a las mujeres.
Los reos debían trabajar como maestros reparadores (albañiles y carpinteros), para evitar el colapso de la estructura, especialmente ante movimientos telúricos.
De vez en cuando el alcaide hacía un llamado público para que la cárcel fuera atendida por las autoridades que limitaban los recursos, exigiendo al menos la compra de 5.000 ladrillos, ropa de cama y frazadas para pasar los eternos días de invierno.